| Summary: | Al Estado le corresponde garantizar la vida honra y bienes de sus ciudadanos, de modo que su
intervención debe procurar la optimización de los mandatos constitucionales y su armonización
con el contexto jurídico global de los cuales parte buscando la mayor efectividad y beneficio
posible de sus gobernados y bajo una visión prospectiva propender por el desarrollo.
Como prevé el artículo 334 Constitucional, la dirección general de la economía está a cargo del
Estado, quien interviene, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía en aras de conseguir el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, punto común a todos los
sectores productivos, entre ellos el agropecuario.
Uno de los sectores más relevantes para Colombia como país esencialmente rural ha conducido
a la gestión de una política pública integral que conlleve al equilibrio de la producción, la
intervención de la actividad económica en un contexto de ordenamiento productivo y social de la
propiedad eficientes. Dentro de la política agraria el acceso a tierras ha sido un derrotero histórico
al propender porque, a través de la reforma agraria, de antaño y actualmente del ordenamiento
social de la propiedad se busque mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrarios,
romper las brechas existentes entre el campo y la ciudad y buscar la convergencia entre el
programa político del Estado y la superación de las causas del modelo transicional que dio origen
al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.
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